El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila,
aseguró este miércoles que su administración analiza las recomendaciones
vertidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre
los hechos registrados en Tlatlaya.
Durante la inauguración de la Plaza Estado de México en la población de
Tepotzotlán, el mandatario estatal sostuvo que su gobierno no ha sido
notificado oficialmente de la recomendación de la CNDH, sin embargo
recalcó que su Gabinete de Seguridad tiene conocimiento del documento
gracias a los medios de comunicación.
"Hoy quiero participarles amigas, amigos de Tepotzotlán que el día de
ayer se anunció por parte de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos una recomendación que hace a las autoridades federales y también
del Estado de México", declaró Eruviel Ávila.
"Fue por ello que convoque al Gabinete de Seguridad que representa el
Secretario General de Gobierno, el Procurador de Justicia, la Consejera
Jurídica y el Secretario de Seguridadm para que procedan inmediatamente a
hacer un análisis exhaustivo de esta recomendación y a partir de que
seamos notificados, oficialmente, tendremos 15 días, para poder
responder si aceptamos o no la recomendación que se formula respecto a
los hechos acontecidos en Tlatlaya", abudno el mandatario estatal.
Al finalizar su participación, Eruviel Ávila reiteró el compromiso de su
Gobierno de respetar los derechos humanos y combatir la delincuencia
apegado, en todo momento, al estado de Derecho y a los principios
universales en materia de Derechos Humanos.
El pasado 30 de junio, 21 presuntos delincuentes fueron asesinados en
San Pedro Limón Tlatlaya. Por su parte la CNDH determinó que al menos 15
de los cadaveres corresponden a civiles ejecutados por militares.
SEXENIO
***
Gobierno Edomex torturó a testigos y manipuló pruebas en caso #Tlatlaya para encubrir al Ejército: CNDH.
El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a
testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados
por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato
de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH,
emitida sobre este caso.
En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el
procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir,
como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad
colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados,
toda vez que desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos
de ellos fueron asesinados ilegalmente.
El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales,
el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano
por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los
soldados actuaron en legítima defensa.
“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y
acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas,
lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima
defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a
ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de
secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya.
Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos
por razones seguridad.
Se trataba de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas
de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros
funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios
afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que
había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La
intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de
secuestradores.
A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus
contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que
encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a
jalones sobre el piso. El hombre calvo pateó a una de ellas en los
costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los
cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.
Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a
confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les
pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron
30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar
lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un
orfanato.
Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a
soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron
que esa no era la verdad de los hechos.
Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316, la CNDH dice lo siguiente:
“No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama
“mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le
ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había
declarado”.
Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las
mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar. Ahí continuaron los
interrogatorios.
Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon
de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de
plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de
ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.
Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de
secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas
muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.
Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:
“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían
matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de
comer a los secuestrados”.
Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales
amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas
que se inclinara. Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una
declaración, sin saber qué contenía.
La CNDH concluyó que estas violaciones a las garantías individuales
sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que
dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas
por delitos graves.
El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que
algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la
pared y murieron de uno o dos disparos a la altura del pecho.
El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al
procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo
publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un
fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como
indicaba la versión oficial.
Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado 21 de mayo, aseguró que
de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.
“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron
común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga
la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted
hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.
No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de
forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar
fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios
periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una
investigación científica de este tipo.
Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles
armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de
la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.
Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos
tres cadáveres fueron movidos de su posición original y se les
colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual
no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era
evidente en sus propias fotografías.
En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de
las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que
permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los
hechos.
También destaca, por ejemplo, que las víctimas refirieron la presencia
de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría
mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una
camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en
manos de las autoridades.
La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las
necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se
recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se
enviaron fotos con planos generales de la zona.
Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas
a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto
significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de
México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos
humanos.
Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del
estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si
aceptan o no la recomendación.
“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca
de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso,
emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha
recomendación”
De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada
formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos
y formas que establece la ley.
(Sebastián Barragán)
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