Cinco mujeres relataron la violencia y el abuso sexual que sufrieron por parte de policías durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.
Este jueves cinco de las 11 mujeres peticionarias del caso, dan testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La sesión de este jueves inició con el testimonio de Norma Aidé, quien relató a los jueces como policías la golpearon hasta tirarla al piso, después la arrastraron hasta un camión.
“En ese trayecto comienzan a manosearme, a meter sus manos dentro de mi blusa, a jalonear mi suéter y me lo ponen en la cabeza”, relató.
Señaló que elementos de seguridad la insultaron y jalaron su ropa mientras la tocaban.
“Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina, después la camioneta se detiene, me obligan a bajar, me pasan con otros policías que visten totalmente distinto, todos de negro”, narró la mujer.
Norma Aidé expuso que acude ante la Corte para pedir que se esclarezca lo ocurrido y se consigne a los responsables, pues más de una década después no se ha hecho justicia.
“Merecemos que se reconozca que estamos diciendo a verdad. Justicia. Nadie ha sido consignado en un operativo tan grande Que se investigue, no solo para que se haga justicia sino para que esto hechos no vuelvan a ser repetidos.
A mí me sería muy reparador si la corte, a través de la sentencia, podría obligar al estado a acompañar a este centro de acompañamiento para mujeres que, como nosotras, sean sobrevivientes de tortura sexual”, pidió la testigo.
Tras el testimonio de Norma, uno de los abogados representantes del Estado mexicano, Uriel Salas, tomó la palabra y señaló que el “el gobierno de México condena categóricamente cualquier violación a los DH que ocurra dentro o fuera de su territorio, en particular, condenamos todo acto de discriminación y violencia y de violencia contra las mujeres”.
Entonces uno de los jueces le pidió que hagan preguntas, no que se den posicionamientos.
Salas comienza a cuestionar a la testigo sobre si conoce el contenido de los informes que ha enviado el Estado mexicano y el reconocimiento de responsabilidad, por lo que uno de los jueces señala al abogado que las reguntas van hacia lo procesal y que no tienen que ver con la declaración de la mujer presente.
Salas preguntó a la testigo si un reconocimiento del Estado no es reconocido por las víctimas como medida de reparación.
Sí lo es, pero en la medida de que sea completo, que haya una investigación y se nombre a todos los responsables de los hechos. Si es la mitad de la verdad, no es la verdad, señaló Norma Aidé.
La segunda víctima que dio su testimonio fue Claudia Hernández Martínez. Ella cuenta que policías la detuvieron mientras corría para escapar de los gases lacrimógenos. Le cubrieron el rostro con su ropa y comenzaron a golpearla en la cabeza y las costillas.
Luego la llevaron al patio de una casa donde había otros detenidos, golpeados y desangrándose. “Me pegaban en las rodillas para que abriera las piernas, donde hubo tocamientos, también en el pecho”, narró Claudia quien entonces era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Relató que los policías la llevaron a un camión, donde le introdujeron los dedos en la vagina hasta que pudo cubrirse con un asiento. Entonces fue trasladada a un penal.
“Yo no pude retomar mi vida después de los hechos, no quería regresar a la universidad. Me sentía sucia, humillada, sin ningún valor, y no pude volver a escribir del movimiento social en Atenco porque me dolía y no pude dejar de llorar”, dijo Claudia ante la Corte.
La tercera víctima en declarar ante la Corte, Italia Méndez, explicó que fue detenida en la plaza de San Salvador Atenco, a donde había acudido a buscar a la familia de Javier Cortés, joven de 14 años que murió en el enfrentamiento, pues trabajaba en una organización interesada en brindarles acompañamiento.
Méndez comentó que fue trasladada en autobús hacia el penal donde la recluyeron, y durante el trayecto recibió tocamientos por parte de policías de diversas corporaciones.
Al ser cuestionada por personal del Centro Pro sobre si había denunciado estos hechos, Italia explicó que rindió su declaración ante un Ministerio Público, donde expresó lo sucedido; sin embargo, contó, una persona preguntó al agente ministerial lo que escribía, luego de que ella declarase, y le dijo “que eso no” y rompió la hoja.
Italia Méndez apoyó la propuesta de Norma Haydé sobre el apoyo para proyectos de acompañamiento a mujeres víctimas de tortura sexual, como parte de las medidas de reparación en su favor.
Patricia Torres, quien también declaró ante la Corte Interamericana, señaló que fue detenida cuando un grupo de policías irrumpió violentamente dentro de un domicilio al que había ingresado ante la llegada de los uniformados, por temor a ser agredida.
Luego de ser trasladada al penal de Almoloya, contó Patricia, al ser golpeada e interrogada frente a una cámara de video sobre su nombre, por temor, decidió dar uno inventado: Marisol Larios.
Aunque fue absuelta de los cargos, Patricia explica que, desde lo sucedido, no pudo retomar su proyecto de vida, y no terminó la escuela. Ahora es comerciante.
Sobre las medidas de reparación de justicia que pide a la Corte, Patricia pidió “que se diga la verdad sobre lo que sucedió el 3 y 4 de mayo de 2006 y que se haga justicia, que a toda la cadena de mando implicada en el operativo se le castigue por su participación”.
Gabriela Jaramillo, la última de las víctimas que declaró este jueves ante la Corte Interamericana, señaló que ella fue detenida al haber acudido a San Salvador Atenco como reportera del periódico de la Universidad del Valle.
En su traslado hacia el penal, contó, “me sentaron en el camión, y varios policías introducir sus dedos en mi vagina, y pasaron varios, uno tras otros, a tocarme los senos. Pasaban así como de rápido”.
Para ella, la experiencia significó vivir, desde entonces y hasta la fecha, con temor hacia los hombres que la rodean, incluso su padre y su hijo, por lo que pidió a la Corte vigilar la implementación de medidas de reparación por parte del Estado mexicano.
Por su parte, el perito Ernesto López-Portillo, señaló que el Estado mexicano debe aprender a documentar y controlar el uso de la fuerza por parte de sus policías, pues los protocolos actuales del tema no están siendo suficientes para manejarla.
López-Portillo agregó que “si la policía no funciona en México no es porque haya algunos elementos que cometen abusos, sino porque hay ausencia estructural de rendición de cuentas”.
“La policía repite un patrón de comportamiento caracterizado por entender que con el uso de la fuerza se pueden resolver problemas. Esta es una cultura institucional”, concluyó.
Estado mexicano acatará la sentencia
Por su parte, el embajador Miguel Ruíz Cabañas dijo que el Estado mexicano tiene la firme determinación de proceder a la reparación integral de los daños de las mujeres víctimas de los operativos en San Salvador Atenco.
En este caso, subrayó, “no estamos discutiendo si se cometieron o no violaciones de derechos humanos, éstas ya fueron reconocidas”, y aseguró que la intención del gobierno es reiterar su voluntad para la reparación integral de los daños.
“Mañana tendremos esa oportunidad de presentar todos nuestros argumentos, ellas (las victimas) han pedido una investigación de todos los presuntos responsables. Nosotros sostenemos que esa investigación, si bien no está concluida, sí está muy avanzada”, apuntó.
Este viernes 17 de noviembre, las víctimas expondrán sus argumentos finales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes dictaminarán sobre el caso, para pasar a la reparación integral del daño a las víctimas.
Con información de Notimex.
Según cifras del SNSP, en el sexenio del también priísta Eruviel Ávila Villegas el promedio mensual de delitos era de 22 mil, aunque en sus últimos meses de gestión subió a 24 mil.
