miércoles, 26 de noviembre de 2014

Acusan nulos resultados de Edomex contra violencia de género | Nueva República

El gobierno del Estado de México sólo reconoció como feminicidios, 140 de 535 asesinatos contra mujeres mexiquenses durante los últimos 23 meses, sin embargo, hasta el momento sólo se han dictado diez sentencias condenatorias contra los agresores.

María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Alianza por los Derechos de la Mujer en el Estado de México, consideró que en el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Violencia hacia la Mujer, en el Estado de México no hay nada que celebrar, debido a los nulos resultados que han tenido las dependencias creadas para frenar los delitos de género.

"De ahí la necesidad de declarar la Alerta de Género en el Estado de México, no como un señalamiento de tipo político contrario a la administración estatal, sino como base para emprender una nueva forma de coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno y la sociedad".


Ejemplificó al señalar que la Fiscalía Especializada en la investigación de Delitos de Género estatal, carece de un protocolo actualizado de actuación, por lo que se sigue criminalizando a las víctimas de violación, acoso, incluso homicidio.

En rueda de prensa, la activista social resaltó que las reformas a la ley no han detenido el número de homicidios de mujeres a manos de sus parejas o simplemente por desconocidos, y denunció que en el Estado de México se sigue culpando a la mujer por su forma de vestir, por el trabajo que desarrolla, e incluso por su trato hacia los demás.

En este sentido, señaló a los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y Chalco como las localidades más peligrosas para las mujeres, y donde se comenten más agresiones en su contra: "Sólo en el último año más de 3 millones de mujeres mexiquenses sufrieron algún tipo de violencia".

Detallo que el patrón de los homicidios cometidos contra féminas se repite en todo el territorio mexiquense, "es decir, la mayoría de los cadáveres son abandonados en terrenos baldíos, casas en construcción o simplemente se echan al drenaje, lo que se hace cada vez más común".
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jueves, 20 de noviembre de 2014

Arrojan explosivos en dos bancos de Edomex | Nueva República

Alrededor de las 05:30 de la mañana, un grupo de personas arribó a dos bancos ubicados en la vía Adolfo López Mateos, a la altura de Jardines de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México, y arrojó cuatro bombas caseras, en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Debido a la hora en la que se registró el ataque no se reportan personas heridas, según los primeros reportes policiacos.


Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal acordonaron la zona y peritos iniciaron con las investigaciones.
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miércoles, 19 de noviembre de 2014

Militares implicados en caso Tlatlaya piden careo con testigos | Nueva República

Los siete militares implicados en el homicidio de 22 presuntos secuestradores en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, reportado el pasado 30 de junio, solicitaron al juez federal que los procesa un careo con las tres mujeres que se encontraban en el lugar de los hechos, dos de las cuales han variado sus declaraciones en otras tantas ocasiones.

Abogados de los procesados –quienes pidieron no mencionar sus nombres– informaron a La Jornada que el objetivo de los careos es lograr que las mujeres caigan en más contradicciones.

Los defensores afirmaron que el día en que ocurrieron los hechos, las tres mujeres dijeron a los ocho efectivos castrenses (hoy presos) que eran víctimas de la banda de plagiarios.
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martes, 18 de noviembre de 2014

No habrá legalización del aborto en Edomex | Nueva República

La Secretaría de Salud del Estado de México descartó que la administración estatal impulse la legalización del aborto tal como ocurre en el Distrito Federal.

Cesar Gómez Monge, titular de dicha secretaría, señaló que mantendrán el uso de métodos anticonceptivos, pero no favorecerán la legalización del aborto, pese a reconocer que 30 por ciento de los embarazos registrados ocurren en menores de 19 años.

Gómez Monge informó que con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente se invirtieron 300 millones de pesos para la compra de anticonceptivos, así como el control de 600 mil mujeres con métodos permanentes.

El secreatrio dijo que se incrementó el 50 por ciento de presupuesto a los métodos anticonceptivos, donde se incluye una campaña en conjunto con la Secretaría de Educación

"Estamos a favor de la vida, que se embaracen nuestras mujeres, que formen una familia, pero a su debido tiempo", concluyó.

En el Estado de México en promedio se registran anualmente 300 mil embarazos, de los cuales 100 mil son en menores de 19 años.

Con información de Reforma
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Mujeres sobrevivientes de Tlatlaya son inocentes: CNDH | Nueva República

Dos mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados mexicanos en junio en Tlatlaya, estado de México, y que están encarceladas bajo cargos de acopio de armas, son inocentes y deben ser liberadas de inmediato, consideró el presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Raúl Plascencia dijo en entrevista a The Associated Press, que ya deja su cargo como presidente del organismo, dijo que las dos mujeres eran prostitutas que fueron contratadas para acompañar a un líder del grupo al que conocieron en la bodega abandonada donde sucedieron los hechos el 29 de junio.

"El único delito que habían cometido es el haber sido contratadas por personas para darles un servicio un día antes", dijo Plascencia a The Associated Press que concluyó hace unos días que al menos 15 de las 22 personas habrían sido ejecutadas por soldados.

El cabecilla del grupo, junto con otro hombre, logró escapar después del tiroteo inicial que inició el ejército la madrugada del 30 de junio.

Según una investigación realizada por la comisión, las mujeres no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían las 22 personas asesinadas en una bodega de Tlatlaya, y agrega que fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.

La detención de las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos, dijo Plascencia, quien supervisó la investigación realizada por la Comisión sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Inicialmente, el ejército aseguró que los 22 presuntos criminales, incluida una adolescente de 15 años, murieron luego de un enfrentamiento con soldados.

Sin embargo, las dos mujeres, junto con una tercera sobreviviente que está libre, han declarado a las autoridades que la mayoría de los sospechosos se habían rendido y estaban desarmados cuando los soldados les dispararon.

Ambas mujeres están detenidas en una prisión federal en Nayarit, donde enfrentan un proceso por acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos.

La Procuraduría General de la República, que acusó a las dos mujeres, tiene la posibilidad de retirar cargos utilizando algunas figuras legales, como el desistimiento de los cargos y la presentación de conclusiones no acusatorias, algo que ha hecho en otras ocasiones.

La detención en prisión de inocentes sería otra mancha en un caso que el reporte de la Comisión de Derechos Humanos concluyó que estuvo marcado por el encubrimiento de conductas ilegales por parte del ejército y de funcionarios de la Procuraduría del Estado de México.

Uno de los casos más relevantes en los que presentó conclusiones no acusatorias fue el del general retirado Tomás Ángeles Dauahare, a quien la Procuraduría le retiró en 2013 los cargos de vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva luego de que se consideraran irregulares las acusaciones de testigos protegidos que llevaron a su detención en 2012.

Pero un vocero de la Procuraduría dijo el viernes que no tenía conocimiento de que se considerara retirar los cargos.

"Lo que haya dicho la comisión es una opinión particularísima", dijo el vocero Eduardo Zerón.

La Procuraduría General de la República también ha sido criticada por su lenta respuesta en investigar los asesinatos.

La Comisión de Derechos Humanos señaló que la Procuraduría del Estado de México presentó un reporte inicial en el que apoyó la versión inicial del ejército y dijo que algunos de sus funcionarios torturaron y agredieron sexualmente a las dos mujeres hoy detenidas. Ellas fueron golpeadas, pateadas, las intentaron sofocar con bolsas de plástico e, incluso, fueron amenazadas con ser violadas hasta que aceptaran decir lo que quería la procuraduría.

El ejército dijo en un comunicado inicial que sus soldados habían rescatado a las mujeres que estaban secuestradas, pero luego la Procuraduría las acusó de acopio de armas.

Periodistas de la AP visitaron la bodega tres días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería que los tiros se habían hecho a corta distancia.

Y en septiembre, la tercera mujer que sobrevivió, dijo a la AP y a la revista Esquire Latinoamérica que sólo una persona murió en el enfrentamiento y que el resto se rindió y salió de la bodega con las manos en la nuca. La Procuraduría General no comenzó la investigación de las posibles ejecuciones hasta tres meses después del incidente.

Tras los reportes, el ejército detuvo a ocho militares bajo señalamientos de violaciones a normas castrenses y luego la Procuraduría presentó cargos ante un juez civil contra siete de ellos por acciones impropias de un servidor público. Tres también fueron acusados de homicidio.
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jueves, 13 de noviembre de 2014

Cae confianza ciudadana en Ejército y Marina por Ayotzinapa y Tlatlaya | Nueva República

Los últimos acontecimientos violentos en Iguala, Guerrero, y en Tlatlaya, Estado de México, abollaron la confianza y credibilidad ciudadana en las instituciones del Ejército Mexicano y de la Marina, al caer en 5 por ciento su prestigio. De acuerdo a los datos registrados en un sondeo telefónico del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

En este estudio de esta naturaleza realizado por tercer año consecutivo, aplicado en el mes de octubre al desempeño de 33 instituciones, el CESOP advierte que la mayoría de las instituciones muestran una ligera tendencia a la baja respecto al año anterior.

Las instituciones en las que señalan confiar más los entrevistados son: la familia, los amigos, las universidades públicas, la Cruz Roja y la Marina.

En las que menos confían son: la Policía Estatal, la televisión, la Cámara de Diputados, los sindicatos y los partidos políticos.

El sondeo remarca que entre la medición del 2013 y la de este año, las instituciones que tuvieron una caída del 5 por ciento de los que señalaron que confían “mucho o “algo” en ellas fueron: el Ejército, la Marina, el Presidente de la República, los gobernadores, los partidos políticos, los hospitales, las pequeñas y las grandes empresas.

Únicamente los policías estatales y municipales tuvieron un aumento mayor al 5 por ciento. El resto de las instituciones tiene cambios menores.

Se establece que 8 de cada 10 (77 por ciento) confía mucho en su familia. En el caso de los amigos, este porcentaje se reduce a 1 de cada 2 (52 por ciento) y sólo 1 de cada 3 (35 por ciento) confía mucho en sus vecinos.

Las fuerzas castrenses pese a tener una ligera caída aún generan confianza entre los mexicanos; 68 por ciento confía “mucho” o “algo” en la Marina y el 61 tiene este nivel de confianza en el Ejército. Existe una leve mejoría en la confianza que la población tiene en las policías estatal y municipal.

No se registran cambios en la confianza que la población tiene en el INE pese a haber atravesado un proceso de transformación al dejar de ser el IFE. Más de la mitad de los entrevistados, es decir el 56 por ciento, confía mucho o algo en la CNDH.

Entre agosto del 2012 y el mismo mes del 2013, la confianza que la población tenía en los partidos políticos aumentó considerablemente, al pasar del 16 al 29 por ciento que señalaba que confiaba “mucho” o algo” en estas instituciones. Sin embargo, este porcentaje. entre el 2013 y el 2014, cayó al pasar del 29 al 22 por ciento.
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Sedena entregará a legisladores expedientes de Tlatlaya | Nueva República

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el grupo legislativo que investiga la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, se reunieron ayer, en un primer acercamiento tendiente a dilucidar los hechos que presuntamente derivaron en un crimen de lesa humanidad.

Durante la reunión con los diputados, el procurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, se comprometió a responder todas las dudas y a entregar a los legisladores la documentación que requieran.

López Benítez refirió a los integrantes del grupo de trabajo que la Sedena ya no tiene la investigación en sus manos, porque los seis soldados y el subteniente inculpados fueron puestos a disposición del Misterio Público Federal.
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Abren nueva queja por caso Tlatlaya | Nueva República

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) abrió una segunda queja por el caso Tlatlaya, para investigar y dar seguimiento a la Recomendación emitida por su similar nacional (CNDH) y observar la "reparación del daño" a la que estaría obligado el gobierno mexiquense y particularmente la procuraduría general de justicia de esta entidad.
El comisionado del organismo local, Marco Antonio Morales, informó que se trata de la segunda queja que inicia la Codhem por el caso Tlatlaya, ya que la primera se cerró tras darse a conocer la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso y de inmediato se abrió una segunda, dijo.
En el caso de la primera queja, detalló que se inició de oficio para abrir la posibilidad de respaldar a ciudadanos de la zona que hubiesen sido afectados con la presencia del Ejército o para atender a familiares de las víctimas, "pero nadie se acercó".
"Sí abrimos una queja no tanto para dar seguimiento a la investigación nacional; sino para dar seguimiento al evento en sí, para ver si existen víctimas, para ver si hay alguna conexión o alguna repercusión dentro del Estado de la recomendación o del evento mismo, pero en el caso este nosotros que como comisión estatal no lo tuvimos, ni tuvimos ninguna persona que se apersonara a pedirnos algo, apoyo, a indicarnos que les ayudásemos en algo", precisó.
Cabe destacar que la queja iniciada por el organismo permaneció abierta al menos dos meses, sin embargo familiares y víctimas en este caso optaron por acudir a la CNDH para denunciar presuntas torturas por parte de autoridades mexiquenses.
Por su parte, Morales Gómez dijo que a través de la segunda queja que se inicia de oficio en este caso, el organismo local defensor de las garantías individuales espera que las presuntas víctimas sobrevivientes de la ejecución de Tlatlaya, perpetrada por elementos del Ejército Mexicano, se acerquen a la Codhem para pedir respaldo en la reparación del daño, asesoría jurídica o acompañamiento en caso de ser necesario.
Al respecto el procurador general de justicia de la entidad, Alejandro Jaime Sánchez, dio a conocer que dieron inicio formal a la investigación derivada de la Recomendación de la CNDH por el caso Tlatlaya, y aseguro que las tres "señoras" que denuncian "supuesto maltrato e intimidación", serán indemnizadas conforme a la Ley General de Víctimas y a la legislación local en la materia.
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martes, 11 de noviembre de 2014

Confirman indemnización a sobrevivientes de atentado en Tlatlaya | Nueva República

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó que su administración indemnizará a las tres víctimas sobrevivientes de la masacre registrada en el municipio de Tlatlaya, el pasado 30 de junio, donde 22 personas perdieron la vida a manos del Ejército Mexicano.

Afirmó que con esta acción su administración acata la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el proceder de su gobierno en este hecho.

Luego de inaugurar el Seminario sobre Acción Internacional de Gobiernos Locales Iberoamericanos en la Secretaría de Relaciones Internacionales en la Ciudad de México, Ávila Villegas dijo que su gabinete analiza los mecanismos para reparar el daño de tres de las víctimas.

“Una posible indemnización es la que se puede contemplar para las víctimas de estos hechos, se habrán de realizar las investigaciones, es importante referir que lo que la Comisión Nacional (de Derechos Humanos, todavía está sujeto a investigación por parte de autoridades de la Procuraduría General y de la Procuraduría del estado".

El pasado 7 de noviembre un juez federal dictó auto de formal prisión contra siete militares que participaron en la masacre de presuntos miembros del crimen organizado que ya se habían rendido a las fuerzas federales en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

Durante varias semanas el gobernador mexiquense afirmó a los medios de comunicación que la muerte de los 22 presuntos delincuentes, se suscitó durante un enfrentamiento con el Ejército Mexicano.
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lunes, 10 de noviembre de 2014

Edomex analiza indemnizar a víctimas de caso Tlatlaya | Nueva República

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reiteró el compromiso de su administración de ceñirse y acatar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos registrados en Tlatlaya.

En breve entrevista luego de inaugurar el Seminario sobre Acción Internacional de Gobiernos Locales Iberoamericanos que se realiza en la Cancillería, el mandatario mexiquense comentó que su gobierno ya analiza los mecanismos para reparar el daño, entre los que se encuentra otorgar una indemnización a las tres víctimas de estos hechos.

“Lo que sea necesario y primeramente una posible indemnización es la que se pueda contemplar para las víctimas de estos hechos, se habrán de realizar las investigaciones todavía, es importante referir que lo que la Comisión Nacional refiere todavía está sujeto a investigación por parte de autoridades de la Procuraduría General y de la Procuraduría del estado, así es que esperaremos las investigaciones y habremos de proceder conforme a derecho y con todo rigor si alguien violó la ley y habremos de hacerle justicia a quienes pudieron haber sido afectadas por estos hechos”.

En otro orden de ideas, Ávila Villegas refirió que todos los gobiernos del país están obligados a blindar los procesos electorales y destacó que para ello, más allá de pactos, se requiere cada quien cumpla con su responsabilidad.

“No sé si precisamente firmando pactos, yo creo más bien cada quien haciendo y asumiendo su responsabilidad; si se me convoca a firmar un pacto, claro que ahí estaré, pero los estados estamos obligados a que todos asumamos nuestra responsabilidad, depurando los cuerpos de la policía, atendiendo las instrucciones del Consejo Nacional de Seguridad que juntos hemos tomado, así que de esa manera estaremos blindando el proceso electoral haciendo cada quien la parte que le corresponde en esta materia”.

El gobernador del Estado de México refirió que para ello también es menester una mayor coordinación y hacer respetar las leyes en materia electoral y de seguridad.
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Ecatepec, Méx. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cateó un centro de rehabilitación para alcoholismo y drogadicción localizado en la colonia Valle de Aragón de este, logrando la detención de nueve sujetos, quienes presuntamente maltrataban y explotaban laboralmente a 15 personas que se encontraban en el lugar.



La dependencia informó que recibió una denuncia en la que se alertó sobre la posible comisión de hechos delictivos en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Valle de Aragón, por lo que personal de esta institución realizó las indagatorias correspondientes y solicitó a un Juez librar una orden de cateo, misma que fue otorgada y cumplimentada.



Con la orden, personla de la PGJEM ingresó al lugar y halló a 15 personas de edades que oscilaban entre los 19 y los 78 años de edad, que al ser entrevistadas manifestaron encontrarse en ese sitio en contra de su voluntad; además señalaron que constantemente sufrían maltrato físico y eran obligados a empaquetar dulces para una empresa comercial, sin recibir ninguna remuneración por su trabajo.



En el lugar fueron detenidos José Luis Gallegos Gutiérrez, de 41 años de edad; Josué Reséndiz Corona, de 43 años; Ramón Cangas del Campo Rivera, de 55 años; Lourdes Durán Chávez, de 50 años; Felipe Cruz Méndez, de 32 años; Erick Israel González Yebra, de 31 años; Adrián Estada Calderón, de 31 años; Alfredo Aldana Alba, de 22 años, y Fernando Sifuentes Brito, de 19 años de edad.



Los sujetos detenidos fueron vinculados a proceso y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación. En tanto, las personas rescatadas fueron entregadas a sus familiares y el inmueble quedó asegurado por la PGJEM.
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viernes, 7 de noviembre de 2014

Auto de formal prisión a siete militares por caso Tlatlaya | Nueva República

CIUDAD DE MÉXICO.- CIUDAD DE MÉXICO, 7 de noviembre.- Un juzgado federal dictó formal prisión en contra de los siete militares acusados de ejecutar luego de un enfrentamiento a presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México.

El fallo fue emitido este viernes por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dentro del expediente 81/2014.

Los militares enfrentarán proceso penal por diversos delitos, según informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Por lo que hace a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides serán juzgados como presuntos responsables del delito de abuso de autoridad.

En tanto que Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides enfrentarán proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Ejercicio Indebido de Servicio Público.

Además, Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides también serán juzgados por el delito de homicidio calificado así como por altyeración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

En el caso de Ezequiel Rodríguez Martínez, será juzgado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento, en la hipótesis de no procurar el impedimento de la consumación de un delito.

Los ahora procesados se encuentran en la Prisión Militar adscrita a la primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en la ciudad de México.
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jueves, 6 de noviembre de 2014

CIDH dicta medidas cautelares por la matanza en Tlatlaya | Nueva República

Autoridades federales mexicanas se reunieron con Clara Gómez González y sus representantes, con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de medidas cautelares dictadas por la CIDH en relación con la matanza de junio en Tlatlaya.

La Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que representantes de esa institución, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron "con los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas".

"En esta reunión se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación. En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral", señaló.

El 10 de octubre pasado, la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de Clara Gómez por la situación de riesgo inminente que enfrenta "por haber sido testigo y sobreviviente de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya".

La CIDH pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Clara Gómez y de su núcleo familiar, acordar las medidas con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y así evitar su repetición.

Los hechos a los que se refieren las medidas cautelares ocurrieron el pasado 30 de junio en la comunidad San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En un principio, el Ejército informó que 22 civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento registrado en un operativo contra presuntos secuestradores.

Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una de las mujeres que estuvo en los hechos, quien afirmó que sólo uno de los presuntos delincuentes había muerto en el tiroteo y los demás habían sido asesinados por los militares tras rendirse.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por los militares que participaron en la operación.

Otra investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por los militares.

En relación con estos hechos, un juzgado federal asumió el pasado fin de semana el caso de los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.

A todos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además, a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.



Leer más: CIDH dicta medidas cautelares por la matanza en Tlatlaya, Edomex - economiahoy.mx http://www.economiahoy.mx/politica-eAm-mx/noticias/6222735/11/14/CIDH-dicta-medidas-cautelares-por-la-matanza-en-Tlatlaya-Edomex.html#Kku8RIVREyMyRXUK
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Un muerto y dos lesionados, hasta el momento no identificados provocó un tiroteo de elementos de la Secretaria de Marina y el Ejército, contra presuntos delincuentes en un supuesto cateo a una residencia en la zona Azul de Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México.

Alfredo Rodríguez, coordinador General de Comunicación Social del Ayuntamiento de Naucalpan, confirmó que alrededor de las 21:30 horas de este miércoles, vecinos de la Zona Azul escucharon una balacera, observaron la movilización de militares y reportaron a las autoridades municipales.

Policías estatales y municipales acudieron al lugar, pero informaron que elementos del Ejército y la Marina cercaron el área del número 190 al 200, sobre la calle Circunvalación Poniente

Con tres unidades, las fuerzas federales impidieron el paso a policías y a toda persona, sin dar información sobre lo ocurrido.

En el lugar, un hombre aún sin identificar murió junto a un automóvil de lujo color blanco, y presuntamente dos más resultaron lesionados.

Más tarde llegaron agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron el Servicio Médico Forense de la Fiscalía en Naucalpan, sin proporcionar ninguna información al respecto.
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El exgobernador del estado de México, Arturo Montiel, aseguró que desconoce sobre la orden de aprehensión internacional que tiene en su contra, como lo aseguró su exesposa Maude Versini, en el pleito que tienen por la custodia de los hijos de ambos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su espacio de noticias en Radio Fórmula, aseguró que no tiene nada qué negociar con la francesa, y que sólo está acatando las disposiciones de las autoridades judiciales mexicanas que llevan el caso.

Montiel explicó que el asunto del que tiene conocimiento, en el proceso “que he llevado de manera privada durante más de dos años”, es un amparo que Versini en tribunales federales contra una resolución de un juez de Lerma, que no admitió su recurso de apelación porque no venía firmado el original, “no traía firma.

“Alguien falsificó la firma de la abogada, lo detectaron peritos y así está asentado en la resolución”, dijo.

Dijo que “en el expediente reclama alimentos, que se le negó a ella la pensión alimenticia”.

El exgobernador mexiquense dijo que sus hijos viven con él desde hace más de dos años.

Abundó que cuando Versini se presentó a declarar, reconoció ante la juez que ella y su esposo ejercían actos de violencia contra sus hijos, y “por esa razón me otorgaron la custodia.

“Que bueno que exista el documento allá, aquí está el documento del dicho de ella, de que ella aceptó maltratar a los niños y hacer violencia a los niños”, dijo Montiel.

“No sé si sea falso o no falso, no sé a qué se refiera. En Francia se está llevando un expediente”, señaló.

En este tema, dijo que la autoridad francesa estaría violando el tratado internacional de cooperación jurídica francesa mexicana.

“Están violando el tratado. No tienen porque citarme a mí allá. No es que yo lo permita o no, es que las autoridades mexicanas disponen el régimen de convivencia, ella tiene que sujetarse a las disposiciones mexicanas”, aseguró.

A pregunta expresa de si permitiría que Versini viera a sus hijos, Arturo Montiel dijo que no se opone, pero debe ser bajo las disposiciones mexicanas.

“Eso no depende de mí. Yo no me opongo a que ella vea a sus hijos, pero debe ser bajo las disposiciones legales”, apuntó.
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miércoles, 5 de noviembre de 2014

Presentación del libro '10 priístas a los que hay que odiar' de Luis Aldana | Nueva República

Luis Antonio Fernández Aldana (Luis Aldana), director de Nueva República, Diario Político de México, nos presenta en este 2014 su nuevo libro "10 priístas a los que hay que odiar", un libro que desafía al "nuevo" régimen, un análisis y una fuerte crítica sobre la situación que vive actualmente México con el regreso del PRI al poder. A través de la plataforma espanol.free-ebooks.net se puede descargar completamente gratis en formato PDF. Por lo pronto, aquí les dejamos el prólogo y el enlace de descarga.

PRÓLOGO

En repetidas ocasiones he escuchado la frase “cada país tiene el gobierno que se merece” y de tanto oírla y de ver la realidad, la triste realidad que vive hoy nuestro país, comienzo a creer que es verdad.

Pero entonces cabe preguntarnos si esta frase es cierta, ¿México es un país plagado de corrupción? Ya no cuesta reconocerlo, los mexicanos, en su mayoría, cometen actos de corrupción cada vez que se les presenta la oportunidad, en las clases medias y bajas no es tanto por querer hacerlo, por ambición o por perjudicar a alguien más, es por necesidad, es porque a muchos de ellos se les ha negado la posibilidad de vivir honestamente, con dignidad.

México es un país de corruptos y corruptores, según el informe Barómetro Global de la Corrupción 2013 de la organización Transparencia Internacional. Está ubicado en la posición 105 a diciembre del 2012. Y a pesar de que en 2009 México ocupaba el lugar 89, en 2010 pasó al 98 y en 2011 cayó al lugar 100, las cifras revelan que más de la mitad de la población piensa que el cohecho se agravó en los dos recientes años.

Por supuesto, si tenemos un gobierno que tranza descaradamente, el mexicano de a pie, lo hace sin la menor preocupación. Según el estudio antes mencionado, en nuestro país, 91% de los habitantes considera que los partidos políticos son extremadamente corruptos, ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción, los medios de comunicación, la industria y el sistema educativo también son considerados como corruptos, al igual que los militares, el sector salud y las ONGs. En 2010, directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM) afirmaron que la corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, y su costo en México equivalía entonces a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras las empresas erogaban hasta 10% de sus ingresos en sobornos.

El 91% de los mexicanos considera que los partidos políticos están afectados por la corrupción. Según Transparencia Internacional, esto se debe a que dichos órganos requieren dinero para realizar sus campañas, lo que se convierte en una forma de cultivar la corrupción. De acuerdo con el informe, los intereses de las personas y organizaciones de donde los partidos obtienen fondos podrían influenciar en las acciones de estas instituciones.

Es bien conocida la corrupción que impera en los partidos políticos, en todos, ninguno se salva, pero hay uno en específico que podríamos considerar como símbolo de la corrupción política mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI, que gobernó el país durante más de 70 años, el PRI creado por Plutarco Elías Calles como fruto de una revolución que no le hizo justicia a los más pobres, el PRI creado para beneficio de pocos y perjuicio de muchos, el PRI de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría que desenmascararon al partido como lo que en realidad es: el partido represor de las causas, el asesino de estudiantes, de luchadores sociales, de sus propios candidatos. El PRI de Carlos Salinas de Gortari, el de los influyentes, el de la ambición por el poder y el dinero. El PRI que gobierna el México actual, recuperándolo después de 12 años de democracia fingida del PAN, el PRI de Peña Nieto que desdeña al pueblo y que lucra con sus necesidades.

Ese es el PRI que nos gobierna, ese es el “nuevo” PRI, y viene de la mano de 10 personajes principales a los que hay que odiar.

El Autor.

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Crimen organizado recluta a niños en Edomex | Nueva República

De los 15 estados de la República que se agrupan en la zona centro-occidente, el Estado de México destaca por el crudo resultado de su diagnóstico en materia de criminalidad, de acuerdo con los resultados del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 2013.



En esa entidad, la delincuencia ha venido usando, por generaciones, a niños de ocho años en la venta de droga, a lo que se suma el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos del crimen organizado.



El diagnóstico en el Estado de México abarca 35 colonias, englobadas en 11 polígonos de tres municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca. La zona está plagada de venta y consumo de drogas.



En las colonias Metropolitana Primera, Segunda y Tercera Sección de Nezahualcóyotl, el reporte indica que “en la calle Cordobanes de la colonia Metropolitana Primera Sección se tiene detectada una banda delictiva que por generaciones se ha mantenido arraigada en la zona, destacando que la delincuencia usa a niños de ocho años en delitos de venta de droga”.



En la zona, que abarca las colonias Benito Juárez III, Esperanza y Unidad Rey Neza, también se usan inmuebles abandonados para la venta de droga.



En Ciudad Cuauhtémoc, Barrio 1 y 2, se reporta narcomenudeo. Hay presencia del crimen organizado y alta incidencia en extorsión a negocios.



El programa nacional



A inicios de 2013, la Presidencia de la República ordenó realizar un análisis de la situación de criminalidad que existe en el País, a fin de otorgar un presupuesto anual a cada entidad.



De ahí se desprende el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que es parte de la estrategia del gobierno para inhibir el crimen.
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martes, 4 de noviembre de 2014

Consignan a siete militares por caso Tlatlaya | Nueva República

(EFE) — Un juzgado federal asumió el caso de siete miembros del Ejército implicados en la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, informó este domingo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El organismo del Poder Judicial indicó que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México notificó que el pasado 31 de octubre, alrededor de la medianoche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada contra los siete militares.

Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides son acusados del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Aa Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides también se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

Rodríguez Martínez también es acusado de encubrimiento, en la hipótesis de no tratar de impedir la consumación de un delito.

Los siete inculpados, que se encuentran en una prisión castrense del Campo Militar 1-A en Ciudad de México, quedaron a disposición del Juzgado Cuarto que solicitó al juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que les recabe la declaración preparatoria.

De acuerdo con el CJF, los siete probablemente participaron en los hechos del 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.

Ese día, una patrulla militar se enfrentó a un grupo de la delincuencia organizada en Tlatlaya, donde los 22 presuntos delincuentes murieron en el tiroteo, según un comunicado del Ejército.

Pero una sobreviviente del enfrentamiento, que según la versión oficial era una víctima de secuestro liberada por los soldados, aseguró posteriormente que sólo una persona murió en el intercambio de balas, y los demás fueron asesinados por los militares después de rendirse.

La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que en el tiroteo murieron 14 de los presuntos delincuentes y ocho resultaron heridos, los cuales fueron rematados por los miembros del Ejército.

Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, indica que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por militares.

El caso ha provocado numerosas críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y ha derivado en una de sus peores crisis de imagen junto con la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, presuntamente a manos de policías y de criminales.
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Golpean y capturan a otomíes opositores a autopista en Edomex, desaparecen 8 | Nueva República

Este lunes un contingente de alrededor de 300 granaderos fuertemente armados ingresaron una vez más a territorios comunales de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México, en esta ocasión se llevaron presos a alrededor de ocho habitantes, quienes se oponían al paso de las máquinas para el proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Interlomas Naucalpan.

Cabe señalar que desde el pasado 10 de octubre, los pobladores de la comunidad del municipio de Lerma, denunciaron la intromisión presuntamente ilegal de policías estatales y trabajadores de la empresa Autovan Sa de CV, quienes pretenden imponer por la fuerza el paso del polémico proyecto carretero.

Los pobladores, respaldados por diversas organizaciones nacionales e internacionales, han afirmado que existen amparos vigentes que obligan a la empresa a no ingresar a terrenos comunales de Xochicuautla, además de que el Tribunal Unitario Agrario decretó recientemente la invalidez de asambleas amañadas con las que querían legalizar el paso del proyecto privado.

Este equipo informativo ha estado solicitando desde hace dos semanas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a la Secretaría de Gobierno del Estado, los documentos legales en los que se amparan para devastar dicha zona de terrenos comunales, mismos que no han sido presentados de ninguna forma, es decir, hasta el momento el Gobierno de Eruviel Ávila no ha demostrado la validez jurídica de las acciones policiales implementadas.

Organizaciones locales están convocando incluso a la desobediencia civil, señalando como vergonzoso el hecho de que ante la ola de inseguridad que sufre la entidad, se estén utilizando cientos de policías para cometer otro crimen, mediante el cual se están violando incluso tratados internacionales firmados por Enrique Peña Nieto.

Aproximadamente a las 13 horas de este lunes, al menos 8 indígenas de la comunidad han sido detenidos por elementos estatales, sin que hasta el momento se confirmen los cargos en su contra.

En un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en el cual decenas de granaderos agreden con violencia a pobladores que unicamente querían permanecer sentados en sus terrenos comunales, para impedir el avance de las máquinas. Los pobladores también exigían la presentación de los documentos legales, mismos que tampoco fueron presentados.



http://huellas.mx/



***



Reportan desaparición de 8 comuneros de Xochicuautla, Edomex:



Tras un operativo realizado esta tarde por cerca de 600 policías estatales en el poblado de Xochicuautla, en el Estado de México, miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT) acusaron la desaparición forzada de ocho de sus integrantes.



Entre los desaparecidos se encuentran tres mujeres, de nombres Felipa Gutiérrez Petra, Francisca Reyes Flores y Rosa Saavedra, así como el delegado municipal en Xochicuautla, Armando García Salazar.



Los otros desaparecidos son Jerónimo Martínez, Mauricio Reyes Flores, Domingo Hernández Ramírez y Venancio Hernández Ramírez.



En mayo, el frente ganó un juicio de amparo promovido ante el Tribunal Agrario número 9, con sede en Toluca, con lo que se invalidaron los convenios de ocupación previa, y se prohibieron los trabajos de construcción en el área en disputa.



Sin embargo, comuneros han denunciado en repetidas ocasiones que las obras de desmonte continúan, muchas veces con cuadrillas de trabajadores custodiados por elementos de la Policía Estatal del Estado de México.



El proyecto es realizado por la empresa Autopistas de Vanguardia, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, quién ha sido señalado como amigo personal del Presidente Enrique Peña Nieto.
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lunes, 3 de noviembre de 2014

Eruviel Ávila debe responder por caso Tlatlaya | Nueva República

Ante la situación que se vive en Guerrero, se nos ha olvidado la matanza de civiles a manos de militares en Tlatlaya, y por la tendría que responder, por encubrimiento, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, asegura el vicepresidente del Senado, Luis Sánchez.
“Tendría responsabilidad necesariamente el Gobernador, creo que tendría una responsabilidad, no sé si sea de juicio político, pero creo que esto tendría que ser una señal para todos, de que tenemos que parar a la impunidad, que no podemos estar encubriendo hechos como este y quedar impune”.
Por este mismo hecho, señaló, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su titular, quedaron nuevamente en entredicho, porque no es la primera que tratan de minimizar u ocultar la gravedad de los hechos. (Por Arturo García Caudillo)
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Un enfrentamiento en las comunidades de San José Estancia Grande y Santa Rosa, municipio de Luvianos, Estado de México, dejó el viernes a seis personas muertas y cuatro más fueron detenidas por elementos del Ejército. Luvianos se ubica aproximadamente a 70 kilómetros de Tlatlaya, donde hace cuatro meses ocho elementos del Ejército asesinaron a 22 personas, presuntos delincuentes, quienes previamente se habían rendido.

El enfrentamiento, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, ocurrió la mañana del viernes, cuando elementos del Ejército localizaron un campamento en la parte sur del Cerro de la Culebra, donde se encontraban varias personas.

Al acercarse para realizar una revisión, lo sujetos dispararon a los militares, quienes repelieron la agresión, lo que desató el enfrentamiento por varios minutos.

Según la dependencia del Estado de México, seis personas perdieron la vida y se decomisaron armas largas y cortas, cartuchos útiles y droga.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México acudió al lugar de los hechos.

Luvianos es un municipio mexiquense colindante con Michoacán. Desde hace años, en esa zona se registra la presencia de los cárteles de La Familia y de Los Caballeros Templarios.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que se iniciará una investigación de oficio sobre los hechos.

“Visitadores adjuntos y peritos se trasladarán a esa comunidad y realizarán trabajos de campo y periciales, recabarán testimonios y todas las acciones necesarias para allegarse las demás evidencias”, afirmó.

jmonroy@eleconomista.com.mx
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Uno de los cuerpos fue encontrado en Los Reyes La Paz con una herida en la cabeza, mientras otro cuerpo fue encontrado dentro de un refrigerador en una casa de Ixtapaluca. En Ecatepec se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a las orillas del canal de aguas negras de Cartagena.

***

Después que en octubre se registraron ocho intentos de linchamiento, que tuvieron como saldo la muerte de dos jóvenes a manos de iracundos usuarios del transporte público, y al menos 29 ejecuciones, el Estado de México inicia el mes de noviembre de manera violenta con cuatro personas ejecutadas.

Este lunes fue hallado por vecinos de la colonia Lomas de San Sebastián del municipio de los Reyes La Paz, el cuerpo de una persona que presentaba una herida en la cabeza.

Paramédicos arribaron a la calle 5 de mayo esquina con camino al Cerrito, en la parte alta de esta localidad mexiquense, quienes señalaron que la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, ya no tenía signos vitales.

Ante la inseguridad que existe en la zona, vecinos de la zona alta de Los Reyes La Paz, afirman que se organizaron para auto protegerse, utilizando silbatos como sistema de alerta ante cualquier señal de violencia.

Por otra parte, este domingo, en el municipio de Ixtapaluca, fue abandonado el cuerpo de un hombre en el interior de un refrigerador, en la calle Claustro Monte Puritano de la Unidad Habitacional San Buenaventura.

El hermano del occiso, Jaime Castillo Tobar, de 60 años de edad, realizó el hallazgo cuando fue a visitar a su familiar; autoridades señalando que la víctima respondía al nombre de Rubén Román Castillo Tobar, de 54 años, quien era pastor de una iglesia cristiana.

El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca y tenía los pies y manos atados con una corbata, además de que la cabeza se encontraba dentro de una bolsa negra.

El sábado en Ecatepec se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a las orillas del canal de aguas negras de Cartagena, a la altura de la avenida Tamaulipas, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde hace una semana se registraron protestas de vecinos que derivaron en violencia contra los cuerpos policiacos.

Alrededor de las 10:00 horas vecinos que caminaban por la orilla del canal vieron un bulto que flotaba, y al ponerle atención se percataron que se trataba de un cuerpo de un sujeto de aproximadamente 35 años de edad, que vestía sólo un bóxer negro.

El mismo día en la ciudad de Toluca, una presunta riña en una fiesta privada provocó la muerte de un joven tras ser herido por una arma de fuego. En el mismo hecho dos jóvenes fueron heridos con arma blanca en la calle de Ermita de la delegación de Talcotepec.

Durante el mes de octubre los intentos de linchamiento por parte de vecinos y usuarios del transporte público, derivaron en manifestaciones violentas donde patrullas y módulos de vigilancia fueron incendiados como en Ecatepec y Tultitlán.

Mientras que en Otzolotepec, el pasado 24 de octubre, más de 200 personas rompieron vidrios y prendieron fuego al palacio municipal en protesta por la inseguridad que hay en la zona, después de que policías rescataron a dos sujetos que estaban siendo golpeados por la gente.

Sin embargo, el 4 de octubre habitantes de la colonia Tablas del Pozo, en Ecatepec, y usuarios del transporte público mataron a dos jóvenes que presuntamente intentaron asaltarlos.

La Fuerza Pública logró rescatar a uno con vida, pero en el trayecto al hospital murió a consecuencia de los golpes, al igual que su compañero.
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Sólo 977 elementos policiacos que operan en el estado de México serán dados de baja, debido a que 830 efectivos no aprobaron las evaluaciones de control de confianza por factor de riesgo, y 147 más por negarse a realizar los exámenes, informó hoy el gobernador Eruviel Ávila Villegas.



Al arrancar la campaña de venta de árboles de navidad en esta localidad, el mandatario estatal dijo que en la entidad se cumplió al ciento por ciento con el mandato del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual obliga a certificar a todos los policías antes del 29 de octubre.



En total se practicaron 53 mil 638 evaluaciones, y de ellas 48 mil 478 se aplicaron a personal operativo y cinco mil al administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del estado de México, y de las 125 policías municipales.



Más de 31 mil policías aprobaron los exámenes con restricciones; la inmensa mayoría por sobrepeso, por lo cual se determinó aplicar un programa específico para ellos. En tanto, mil 316 no aprobaron los exámenes por perfil, pero al “no representar riesgos” ni para la ciudadanía ni para las corporaciones, solo serán reubicados en áreas acordes a su capacidad.



El mandatario también se pronunció a favor de que se firme un acuerdo nacional por la seguridad pública.
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