Autoridades federales mexicanas se reunieron con Clara Gómez González y sus representantes, con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de medidas cautelares dictadas por la CIDH en relación con la matanza de junio en Tlatlaya.
La Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que representantes de esa institución, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron "con los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas".
"En esta reunión se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación. En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral", señaló.
El 10 de octubre pasado, la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de Clara Gómez por la situación de riesgo inminente que enfrenta "por haber sido testigo y sobreviviente de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya".
La CIDH pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Clara Gómez y de su núcleo familiar, acordar las medidas con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y así evitar su repetición.
Los hechos a los que se refieren las medidas cautelares ocurrieron el pasado 30 de junio en la comunidad San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En un principio, el Ejército informó que 22 civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento registrado en un operativo contra presuntos secuestradores.
Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una de las mujeres que estuvo en los hechos, quien afirmó que sólo uno de los presuntos delincuentes había muerto en el tiroteo y los demás habían sido asesinados por los militares tras rendirse.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por los militares que participaron en la operación.
Otra investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por los militares.
En relación con estos hechos, un juzgado federal asumió el pasado fin de semana el caso de los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.
A todos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además, a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Leer más: CIDH dicta medidas cautelares por la matanza en Tlatlaya, Edomex - economiahoy.mx http://www.economiahoy.mx/politica-eAm-mx/noticias/6222735/11/14/CIDH-dicta-medidas-cautelares-por-la-matanza-en-Tlatlaya-Edomex.html#Kku8RIVREyMyRXUK
La Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que representantes de esa institución, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron "con los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas".
"En esta reunión se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación. En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral", señaló.
El 10 de octubre pasado, la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de Clara Gómez por la situación de riesgo inminente que enfrenta "por haber sido testigo y sobreviviente de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya".
La CIDH pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Clara Gómez y de su núcleo familiar, acordar las medidas con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y así evitar su repetición.
Los hechos a los que se refieren las medidas cautelares ocurrieron el pasado 30 de junio en la comunidad San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En un principio, el Ejército informó que 22 civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento registrado en un operativo contra presuntos secuestradores.
Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una de las mujeres que estuvo en los hechos, quien afirmó que sólo uno de los presuntos delincuentes había muerto en el tiroteo y los demás habían sido asesinados por los militares tras rendirse.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por los militares que participaron en la operación.
Otra investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por los militares.
En relación con estos hechos, un juzgado federal asumió el pasado fin de semana el caso de los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.
A todos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además, a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
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