En sólo un año aumentó 27 por ciento el número de asesores del Poder Legislativo. Actualmente están dadas de alta 150 personas con esta figura, que representan un costo de 36 millones de pesos anuales porque cada uno tiene ingresos superiores a 20 mil pesos.
Quienes tienen más asesores son los diputados locales y, en especial, la Junta de Coordinación Política, que de 16 puestos que tiene, 15 son ocupados por asesores del presidente en turno, de acuerdo con la lista de servidores públicos que publicó el Congreso en la Gaceta de Gobierno.
Hace un año, el número de asesores era de 118, hoy asciende a 150. En todas las secretarías y direcciones del Congreso hay personal con la figura de asesores. En la Cámara existen más asesores, pero con ingresos mensuales menores a 20 mil pesos, por lo cual no fueron publicados sus nombres, ya que no están obligados a presentar manifestaciones de bienes.
Los grupos parlamentarios tienen dadas de alta a 108 personas como asesores con salarios similares y superiores a los de un jefe de departamento, pero sin las responsabilidades administrativas que tienen estos últimos.
Lo cargos de asesores son renovados cada tres años, con el cambio de Legislatura, para que cada diputado acredite a la gente de su confianza, sin precisar de manera exacta cuáles son sus funciones, responsabilidades, ni su horario como servidor público, por lo cual no es necesario que acudan a la Legislatura en la mayoría de los casos.
Entre los asesores hay muchos que han logrado sobrevivir a los cambios de Legislatura y se vuelven a ubicar con los nuevos legisladores.
El documento publicado establece los nombres de los mil 223 servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes en mayo. Están divididos por área e identificados con nombre y apellidos, así como el nombre de la plaza que ocupan.
Entre ellos están los 75 diputados locales, los secretarios, las personas que perciben más de 20 mil pesos al mes, así como las que tienen funciones de supervisión, inspección, manejo de fondos, custodia de bienes y valores o que efectúen pagos, quienes según el acuerdo girado por el contralor, Victorino Barrios Dávalos, están obligados a presentar manifestación de bienes.
Toluca/Claudia Hidalgo
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